La reparación de víctimas es el próximo punto a tratar en el proceso de paz en Cuba

La reparación de víctimas como Montaño, y de otros afectados por muertes, desapariciones, violaciones sexuales y despojo de tierras, entre otros crímenes denunciados, es el próximo punto en los diálogos de paz que tienen lugar desde noviembre de 2012 en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

Este martes, 12 de agosto, comienza el ciclo 27 de conversaciones de paz con las Farc en Cuba, en medio de una ofensiva terrorista de la subversión y enérgicos llamados de atención por parte del presidente Juan Manuel Santos.

“La paciencia de los colombianos y de la Comunidad Internacional no es infinita. Señores de las Farc: ¡están advertidos! ¡Actos de paz! Eso es lo que Colombia pide hoy!”, les dijo el jefe de Estado a las Farc durante su discurso de posesión el pasado 7 de agosto.

Este ciclo será decisivo por varios puntos. Es el primer cara a cara con las víctimas, 16 de agosto, y se discutirá la “entrega” o “dejación” de armas por parte del grupo guerrillero. Así como también, por primera vez, se discutirá un cese el fuego bilateral.

Ya se han aprobado los puntos que tienen que ver con Desarrollo Rural, Participación Política, Drogas Ilícitas y ahora es el tiempo de las víctimas.

No será fácil porque la guerrilla ha dado muestras de seguir con sus atentados terroristas contra la infraestructura y la población civil. Y a esto se le suma el lenguaje de su máximo jefe, alias Timochenko, quien hace pocos días afirmó, sin temor a ofender a las víctimas que no se arrepiente de nada de lo que la guerrilla ha hecho.

Los diálogos de paz jamás habían estado tan empantanados, aseguran los analistas. Pero “nadie dijo que sería fácil”, como lo expresó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al tiempo que aseguró con optimismo que no hay que ahorrar ningún esfuerzo para sacar adelante la “única oportunidad real que tenemos de paz. Porque ya vemos la luz al final del túnel”.

Este será un ciclo crucial. Definitivo para saber verdaderamente si los diálogos se podrán materializar. El 21 de agosto, será otro momento trascendental: Se instalará la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Un esfuerzo por hacer un documento que recoja las causas y orígenes del conflicto, y estará conformada por doce expertos y dos relatores.

El 22 de agosto por primera vez una subcomisión, integrada por 10 delegados de las Farc y otros 10 del Gobierno, empezarán hablar por primera vez de cese el fuego bilateral y dejación de armas.

“Esta sub-comisión tratará los subpuntos de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, e iniciará revisando y analizando buenas prácticas nacionales e internacionales en la materia”, señala un comunicado conjunto publicado en La Habana al término del miniciclo que definió las pautas frente a las 5 delegaciones de víctimas que llegarán a Cuba.    

Mientras en La Habana, se discutirá bajo reserva los puntos sobre víctimas, en Colombia, los delegados del Gobierno y las Farc, tienen el reto de devolverle la confianza a los ciudadanos, minada por los diferentes atentados terroristas de las últimas semanas.

Con ojos llorosos, Elver Montaño, un campesino negro de unos 60 años, narra su dolor, desarraigo y miedo como una de las 5,5 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, cuya reparación se analizará desde esta semana en el proceso de paz en Cuba.

«Yo fui desplazado del municipio de El Charco, donde me tocó dejar todas mis pertenencias luego de un operativo el 22 de marzo de 2007. Salimos 8.500 personas por un combate entre las Farc y el Ejército», cuenta este hombre de manos callosas, líder de la Asociación de Desplazados del Pacífico Sur.

Más de 15.000 personas, la mayoría negros e indígenas, fueron expulsadas en 2007 de El Charco, Nariño, uno de los municipios más golpeados por las huidas masivas ante la violencia desatada por operativos contra las Farc, la mayor y más antigua guerrilla del país, según datos oficiales.

«Las Farc no pelean solas, pelean con el Estado y la afectada es la población civil», resume Montaño, que hoy sobrevive como puede en Guapi (Cauca, suroeste), donde más del 80% son desplazados por las Farc, pero también por paramilitares y agentes del Estado, principales protagonistas del conflicto que desangra a Colombia desde hace más de medio siglo.

Ambas delegaciones comenzarán a discutir el tema este martes y se espera que escuchen al primer grupo de damnificados el próximo sábado.

El pedido de Montaño es muy concreto: que haya un cese al fuego y que se den garantías a las víctimas. «No necesitamos más muertos y desaparecidos», dice. Las negociaciones avanzan sin que las partes hayan establecido un alto el fuego como condición para iniciar los diálogos.

Según el estatal Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto colombiano se ha cobrado unas 220.000 vidas desde 1958, el 81,5% de civiles. Colombia registra además 5,3 millones de desplazados, indicó Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados.

Saber qué pasó con su padre, secuestrado por las Farc el 3 de marzo de 2000 en Villeta (Cundinamarca) cuando iba a pagar el rescate de su hermano plagiado, es el mayor deseo de Liliana Bustos.

«Que nos digan dónde están enterrados nuestros muertos para poder hacer nuestro duelo», señala.

El reclamo de verdad para todos, damnificados por la guerrilla pero también por paramilitares y agentes estatales, fue el denominador común del Foro Nacional de Víctimas que concluyó el martes pasado en Cali y que, por mandato de la mesa de negociaciones, llevará propuestas a La Habana.

«Queremos que los victimarios sean capaces de pedir perdón por el daño que causaron», afirma a Sigifredo López, único sobreviviente de una docena de diputados del departamento del Valle secuestrados por las Farc en abril de 2002 y ejecutados por guerrilleros en 2007.

Para López, dejado en libertad en febrero de 2009, «el posconflicto debe ser ante todo un proceso de sanación y no de venganza», pero «el encuentro de víctimas y victimarios no tiene sentido si no surge una verdadera solicitud de perdón».

Jaime Hill, un empresario que en 1979 pasó más de cuatro meses secuestrado por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo de El Salvador, sabe bien cuánto importa superar el odio en un proceso de paz. «Hay que aprender a perdonar al enemigo», subrayó en Cali este salvadoreño que junto con su captor, el excombatiente Juan Ramón Medrano, creó una fundación para el desarrollo integral de su país.

Para la sostenibilidad de la paz es necesario satisfacer los derechos de las víctimas, apuntó Christian Voelkel, analista para Colombia del centro de análisis International Crisis Group.»La reconciliación sólo será posible si los máximos responsables de los crímenes más graves rinden cuentas, colaboran con el establecimiento de la verdad y si las víctimas reciben una reparación», dijo.

En Colombia rige desde 2011 una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que contempla una compensación económica de los afectados por el conflicto.

Pero esa norma, aunque «crucial», no es suficiente desde el punto de vista de una justicia transicional holística, señaló Voelkel»La negociación en La Habana no va a reemplazar la Ley de Víctimas sino a complementarla y ojalá perfeccionarla», opinó.