Colombia y los habitantes de calle
Por: Carlos Alberto Baena López
Desde hace unas semanas se ha hecho más visible una situación que data de tiempo atrás, pero que, a causa de las circunstancias más recientes, evidencia las falencias estructurales que acusa el país, para atender a un segmento de la población en especiales condiciones de vulnerabilidad.
Seguramente los lectores tuvieron noticia algunos meses atrás, cuando el 28 de mayo se llevó a cabo un operativo de alto impacto, en una zona muy deprimida de Bogotá, conocida como El Bronx, sitio que servía de casa y de refugio, a cientos de habitantes de calle en la ciudad, y en el que, según las autoridades, tenían lugar actividades relacionadas con crímenes de las más variadas modalidades.
Desde ese mismo fin de semana, y naturalmente, con el correr de los días, se escucharon voces de protesta relacionadas con una supuesta escasa planeación en la intervención de la fuerza pública, sobre todo por la debilidad de la asistencia social y humanitaria para las personas, víctimas finalmente, que residían en el sector. Pero más, incluso, porque no se han visto estrategias consistentes de acompañamiento a quienes las adicciones, el desamparo, y las carencias parecen haberlos cercado.
En efecto, es irrefutable que había que hacer algo al respecto. Nadie merece vivir semejantes situaciones. Basta con recordar las imágenes de los menores de edad encontrados en el sector; o de los videos mostrando cómo los pequeños eran, literalmente, arrastrados al interior de los edificios, para victimizarlos con acciones ominosas y ultrajantes; para hacerse a una idea de la tragedia que era desconocida e insospechada por la mayoría de habitantes del país.
No obstante, el desalojo, individualmente considerado, no es la solución. Hoy están a la orden del día los enfrentamientos entre autoridades y habitantes de calle; las denuncias sobre la reaparición de “ollas”, no cesan; la percepción de inseguridad va en aumento; y es notorio el éxodo de quienes antes frecuentaban “El Bronx”, hacia poblaciones y capitales cercanas a Bogotá. En departamentos como Cundinamarca, Santander, Tolima, Huila y Risaralda, hay quienes denuncian que agentes del gobierno distrital, luego de reunirlos, los transportaron a esos destinos. Ese “destierro”, tampoco es el camino.
Al país le corresponde pensar en serio sobre la vulneración, la recuperación, y el restablecimiento de oportunidades, para los habitantes de calle. Una alternativa de Estado, que sea estructural debe ponerse en marcha. Una solución humanizante, consciente e integral.
