Con el fin del conflicto con las FARC gana la libertad de prensa
La FLIP nació hace 20 años con el mandato de proteger la libertad de prensa en un país que por décadas se ha mantenido en el vergonzoso ranking de los países más riesgosos para el periodismo. Desde entonces hemos registrado más de 600 agresiones contra la prensa tomando únicamente hechos relacionados con el conflicto armado. Las FARC han contribuido a esa cifra con 137 ataques que incluyen al menos 85 amenazas, 13 asesinatos y 8 secuestros. La Fuerza Pública por su parte acumula 230 agresiones, 22 amenazas, 4 asesinatos y 25 detenciones ilegales a periodistas.
La FLIP considera que el Acuerdo negociado entre el Gobierno y las FARC puede contribuir a crear mejores condiciones para la libertad de prensa en Colombia. En primer lugar, porque el acuerdo implica el final de una de las confrontaciones armadas que ha sido fuente principal de censura, miedo y aislamiento informativo en Colombia.
Basta mencionar que las FARC acallaron al radioperiódico de ‘La voz de la selva’, en Caquetá, al asesinar uno a uno a sus reporteros; o cómo el camarógrafo ‘Richard’ Vélez tuvo que exiliarse por las amenazas que empezó a recibir luego de registrar los excesos del Ejército durante una protesta en Putumayo. Creemos que el acuerdo abre la esperanza de que estos ciclos de censura empiecen a cerrarse y la libertad de prensa tenga menos obstáculos en el país.
En segundo lugar, el acuerdo aborda aspectos que involucran directamente el derecho a la libertad de expresión. Hay compromisos muy positivos como la apertura de convocatorias y capacitación de radio comunitaria y el acceso a la información pública. Además, el propósito de hacer más transparentes los criterios para asignar la pauta oficial podría tener un impacto significativo en la autonomía de los medios y la forma como se ejerce periodismo en Colombia. De hecho, la FLIP realizó una consultoría sobre este tema para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el año pasado.
Hay otros acuerdos a implementar donde será importante abrir una discusión franca sobre lo que más le conviene al debate público. Este es el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz porque esperamos que los periodistas tengan acceso libre al cubrimiento de estos procesos; la consagración de deberes en cabeza de medios regionales; la financiación de contenidos por parte del gobierno para la promoción de una cultura de paz y, las 31 frecuencias de radio que serán administradas por una cooperativa de las FARC. Entendemos que esos puntos son parte de una negociación global e integral y la FLIP no ahorrará esfuerzos en liderar una discusión amplia con el fin de que su implementación tome en cuenta estándares de libertad de expresión.
Planteando la necesidad de discusión frente a puntos del Acuerdo y reafirmando nuestro compromiso de luchar para que la deliberación pública sea libre, sin ninguna restricción y para todas las posturas, y en especial para las que se expresan en contra de la posición oficial, consideramos que la violencia contra periodistas ha eclipsado la discusión abierta de otras agendas de libertad de expresión y censura en Colombia.
Poder hablar de políticas públicas de libertad de expresión es un avance para un país que durante años solo ha podido hablar de periodistas en riesgo. No va a desaparecer toda la violencia contra la prensa, pero sí una fuente significativa de ella.
Las graves consecuencias del conflicto armado para la libertad de prensa han debilitado la democracia: la censura ha impactado negativamente en las posibilidades de una sociedad informada y la violencia instaló miedo y autocensura. Los periodistas en Colombia saben mucho más de lo que publican y no lo hacen porque conocen las consecuencias violentas que otros ya han padecido. Confiamos en que el acuerdo de paz permitirá mejores condiciones para una sociedad informada.
