Según Medicina Legal entre 2004 y 2016 se registraron en Colombia, un total de 1.151 ataques con agentes químicos

La Concejal del Movimiento Político MIRA, Gloria Stella Díaz, denuncia que a pesar de que existen las leyes 1639 de 2013 y 1773 de 2016 que protegen los derechos de las víctimas de ataques con ácido, las autoridades competentes y en especial, las EPS, no brindan la debida atención a estas y a sus familias, incumpliendo con las obligaciones frente a los tratamientos quirúrgicos, psicológicos y las oportunidades laborales, entre otras.

“Es indignante conocer casos de víctimas de este flagelo, que después de varios años de ocurridos los hechos, no han logrado que se les preste una atención médica y psicológica pronta y oportuna por parte de las entidades de salud, así como de las EPS e IPS, a pesar de las tutelas concedidas por  jueces que las obligan a prestar la atención requerida, a las víctimas y sus familiares”, aseguró la Concejal.

Ese es el caso de Luz Nidia Mendoza, una mujer que nació en la ciudad de Ibagué hace 35 años, madre de dos menores de edad, que sufrió un ataque con ácido hace 6 años cuando se dirigía a su trabajo en la ciudad de Medellín, el cual le ocasionó la desfiguración de su rostro y la perdida de la visión debido a que sus parpados quedaron cerrados a raíz de las quemaduras causadas por el ataque.

“Luego de la agresión, la víctima fue trasladada a un hospital donde no recibió la atención adecuada en el momento, ni posteriormente por parte de Coomeva EPS, por eso sus parpados quedaron pegados. La EPS a través de red de servicios de salud, realizo una intervención quirúrgica en sus parpados pero no tuvo el tratamiento adecuado, ni los cuidados necesarios después de la operación, motivo por el cual se volvieron a cerrar”, manifestó la denunciante.

Para la Concejal, “lo más preocupante de este caso es que a pesar de que Coomeva autorizó la cirugía hace un año, hasta el día de hoy no ha sido posible su realización debido a las trabas que esta EPS le coloca a este proceso, lo que genera que con el paso del tiempo el procedimiento sea más complicado”.

Las leyes 1639 y 1773 de autoría del Movimiento Político MIRA, que consagran “la creación de la Ruta de Atención Integral para Víctimas, la creación de mecanismos para proporcionar ocupación laboral o su continuidad laboral, garantiza a las víctimas de ataques con ácidos, a quienes se cause destrucción de tejidos, deformidad o disfuncionalidad, de manera prioritaria, en consideración a su especial situación de vulnerabilidad, los servicios, tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e intervenciones necesarios para restituir la fisionomía y funcionalidad de las partes afectadas y una política pública de atención integral a las víctimas de ácido, garantizando el acceso a la atención médica y psicológica integral”, “no se han aplicado en este caso ya que debido a las trabas impuestas por la EPS para realizar la cirugía y a la falta de atención por parte de la entidad encargada de garantizar su continuidad laboral, la calidad de vida de la víctima y su familia se ha visto afectada”, manifestó la cabildante.

“Las fallas denunciadas por Luz Nydia, en materia de atención en salud por parte de la EPS COOMEVA, que la tienen adportas de perder la visión, así como el desamparo económico que debe vivir ante la falta de oportunidades laborales, son la muestra de cómo el estado colombiano, termina revictimizando a quienes debe proteger”, concluyo Gloria Stella Díaz.