Comunidades negras y Consejos Comunitarios siguen reclamando sus derechos
Representante a la Cámara Guillermina Bravo Montaño, del Movimiento Político MIRA,
“Las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, así como los Consejos Comunitarios de este país, deben hacer uso de la nueva Ley 1833 de 2017, que crea la Comisión Legal y Permanente del Congreso para la protección de los derechos colectivos e individuales de estas comunidades”, destacó la Representante a la Cámara Guillermina Bravo Montaño, del Movimiento Político MIRA, al cierre de la Audiencia Pública “Por los Consejos Comunitarios y el Bienestar de las Comunidades Afro”, adelantada en el Congreso de la República.
La congresista llamó la atención del Gobierno Nacional sobre las graves problemáticas que tienen los consejos comunitarios por el incumplimiento sistemático de los acuerdos pactados, invitando al Estado para que no los abandonen y se pueda trabajar mancomunadamente en pro del goce efectivo de los derechos de las comunidades Afrodescendientes.
Líderes de los consejos comunitarios que participaron, denunciaron la destrucción de sus territorios por explotaciones mineras y el agotamiento de las fuentes de agua. Exigen respeto por parte del Estado de la minería ancestral de los territorios colectivos, y piden que el Gobierno acompañe estos procesos de desarrollo, especialmente para los proyectos económicos. Denuncian que a muchos Consejos Comunitarios no se les tiene en cuenta a pesar de que tienen una certificación por parte del Ministerio del Interior.
Así mismo, se destacó la importancia de realizar seguimiento a los planes de inversión para que se materialice la implementación de los derechos de la comunidad afro. Que queden establecidas las partidas que se requieren para el mejoramiento de la calidad de vida. Cuanto antes hay que realizarse una discriminación positiva ante las injusticias que se han venido ocurriendo en la población negra, raizal y palenquera de este país.
Estas colectividades comunitarias necesitan cuanto antes ser capacitadas para que conozcan las rutas de las denuncias, tener el apoyo permanente de la Defensoría del Pueblo, ser convocados en jornadas de georreferenciación, con el fin de saber dónde están y poder así ser consultados.
