Gobierno implementa por decreto acuerdo de paz en materia de electrificación rural, proyectos mineros y educación
Tal como lo había anunciado la víspera, el presidente Juan Manuel Santos firmó este sábado decretos con fuerza de ley que promueven la participación del sector empresarial en la implementación de los acuerdos para contribuir a garantizar la productividad, el acceso a los mercados y la sostenibilidad de los proyectos de la Reforma Rural Integral, la minería y la reorganización del servicio educativo en zonas que fueron afectadas por el conflicto armado.
El primer decreto, que también lleva la firma del ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dispone que ese Ministerio elaborará y adoptará cada dos años un Plan Nacional de Electrificación Rural para Zonas No Interconectadas (ZNI), y para el Sistema Interconectado Nacional.
Para tal fin establecerá, entre otros aspectos, “mecanismos que permitan la administración, operación y mantenimiento sostenible de las soluciones energéticas que se construyan para su uso”.
Así mismo, la formulación del Plan Nacional de Electrificación Rural, PNER, “tendrá en cuenta las diferentes soluciones aplicables en materia energética, las necesidades reportadas por las entidades territoriales y las comunidades, y las condiciones social ambientales de los hogares, así como alternativas de electrificación individual o colectiva”.
Como criterios del Plan Nacional de Electrificación Rural propenderá por la ampliación de la cobertura eléctrica, la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica, según las particularidades del medio rural y las comunidades, para lo que se “utilizarán de manera preferente Fuentes No Convencionales de Energía”.
Igualmente, la normativa prevé la asistencia técnica y la promoción de capacidades organizativos de las comunidades para buscar el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras.
De la misma manera, el Decreto Ley 884 se refieres a la articulación de los Fondos Eléctricos para la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural.
Finalmente, para establecer, adoptar e implementar el Plan Nacional de Electrificación Rural, el Ministerio de Minas y Energía podrá coordinar actividades o recursos con otros fondos públicos, entidades públicas, organismos multilaterales, entidades de cooperación y asistencia internacional y personas extranjeras de derecho público, entre otras.
Mineria y concesiones portuarias
El segundo decreto es el 883 del Ministerio de Hacienda, en el cual se da prioridad a los proyectos mineros ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto que coincidan con aquellos en donde se desarrollen Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
Al efecto, el Gobierno ordena que las empresas mineras y aquellas calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria pro conexión, puedan acogerse al mecanismo de obras por impuestos.
Las firmas que pretendan acogerse deberán cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios.
Con este decreto ley–destaca la norma–, se desarrolla el aspecto pertinente del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto en el que se promueve la participación del sector empresarial en la implementación de los acuerdos para contribuir a garantizar la productividad, el acceso a los mercados y la sostenibilidad de los proyectos de la Reforma Rural Integral, el Programa de Sustitución de Cultivos y los planes para la reincorporación a la vida civil, establece la parte motiva del decreto ley.
Servicio educativo
El tercer decreto, 882, prevé normas sobre la organización y la prestación del servicio educativo estatal en zonas afectadas por el conflicto armado.
En efecto, al amparo de las facultades especiales otorgadas por el Congreso el Jefe del Estado expidió el Decreto Ley No. 882 cuyo objeto es facilitar e implementar el Acuerdo de Paz.
La normativa que también fue suscrita por la ministra de Educación, Yaneth Giha, contempla un concurso especial de méritos para la provisión de educadores en zonas afectadas por el conflicto y dicho concurso será convocado por la Comisión del Servicio Civil.
La reglamentación de ese concurso la elaborará el Gobierno nacional en los dos meses siguientes a la promulgación del este decreto ley.
Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional determinará las zonas en las cuales se desarrollará el concurso de méritos de carácter especial con fundamento en la priorización de municipios que haga el Gobierno nacional para implementar Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
“Para la definición de las zonas, el Ministerio de Educación Nacional deberá limitarse exclusivamente a aquellos municipios en los que existan dificultades para la provisión de planta en razón a la falta de oferta de docentes profesionales”, precisa la norma.
También se refiere el mencionado decreto ley a la organización de las plantas de cargos para zonas afectadas por el conflicto y precisa que tal planta de cargos se destinará exclusivamente a la prestación del servicio educativo “en instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas por el conflicto armado”.
Como requisitos especiales para participar en el concurso la norma dice que se debe acreditar algunos de los siguientes títulos académicos: bachiller, cualquiera que sea su modalidad de formación; técnico profesional o laboral en educación; tecnólogo en educación; normalista superior; y licenciado en educación u otro título del nivel profesional universitario expedido por una institución de educación superior del país.
Por último, en el proceso de concurso docente la autoridad competente valorará “la experiencia comunitaria y el arraigo territorial del candidato en proceso de evaluación”.
