Arrancó la recta final de la implementación del acuerdo de paz
El Gobierno tiene el reto de ejecutar de la manera más eficiente todos los decretos expedidos en las últimas horas para garantizar que no haya más aplazamientos y cumplir los compromisos adquiridos con la guerrilla para su paso seguro a la política y la vida civil.
Uno de los obstáculos más complejos está en la Corte Constitucional donde ha quedado claro que revisarán con lupa que todos los decretos y leyes se ajusten a la ley, razón por la cual, tanto el Gobierno como el congreso deben actuar con mucho cuidado para evitar nuevos episodios como el del fast track o las otras cuatro decisiones del alto tribunal que han afectado el ritmo de la implementación del acuerdo.
En cuanto al Congreso la tarea es aún más compleja pues en pleno año electoral la gobernabilidad se hace difícil por cuenta del reacomodamiento de algunas fuerzas políticas que de cara a 2018 utilizarán las críticas al proceso como herramienta de campaña.
Sin duda alguna la JEP es otro de los chicharrones para el gobierno pues a la fecha solo existe jurídicamente pero no cuenta con personal, presupuesto o instalaciones para funcionar. Hay que recordar que para que las Farc puedan participar en las elecciones de 2018, deben haber surtido su proceso ante la Jurisdicción Especial de Paz.
Para las Farc el objetivo de más corto plazo es mantener la unidad en sus filas para evitar que los tropiezos y retrasos terminen incentivando más disidencias y desconfianza de las comunidades que ven en el proceso de paz una oportunidad de desarrollo legal y pacífico.
La justicia tendrá que acelerar los procesos de amnistía e indulto para garantizar que todos los integrantes de las Farc reciban los beneficios del acuerdo y de paso adelantar el trabajo que tendrá que hacer la JEP para darle a cada guerrillero una solución jurídica que le permita reintegrarse después de pagar la pena a la que haya lugar.
La fiscalía además de acompañar todo el proceso jurídico de la JEP deberá poner en marcha los mecanismos acordados para la protección de los líderes sociales y la lucha contra las bandas criminales, pues está demostrado que esta es una de las principales amenazas para la implementación del acuerdo pero específicamente para la libre participación en política de los sectores sociales ligados ideológicamente a las Farc.
Al margen de todo el paquete legislativo y jurídico del acuerdo, también debe avanzar el programa de sustitución de cultivos ilícitos para que se haga realidad la promesa de que la paz va a contribuir a una disminución ostensible del narcotráfico, sin duda una de las mayores apuestas de Colombia ante la comunidad internacional.
