Ultimátum del Procurador a autoridades territoriales que han desconocido la Ley de Víctimas

 Ante las debilidades evidenciadas en la gestión de las entidades territoriales respecto de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ha advertido que este organismo de control iniciará las actuaciones que sean pertinentes para establecer las posibles responsabilidades disciplinarias de alcaldes y gobernadores en esta materia.

El jefe del Ministerio Público preside la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011, de la que hacen parte la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y tres representantes de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas. Por disposición de la misma norma, esta Comisión debe hacer entrega de un informe anual al Congreso de la República, dentro del mes siguiente al inicio de cada legislatura.

En el informe que se radica hoy ante el Congreso, en el que se abordan los avances, debilidades y desafíos en materia de atención y reparación a las víctimas del conflicto, se advierte que la citada norma se implementa fundamentalmente en los territorios, por lo que es preocupante el reiterado desconocimiento por parte de los respectivos alcaldes y gobernadores, así como de los representantes de las mesas de participación de víctimas del nivel territorial, en lo relacionado con la Ley 1448.

Visita a las regiones 

La Comisión de Seguimiento a la Ley pudo evidenciar directamente en las regiones esta y las demás situaciones que se plasman en el informe, pues procurando una distribución geográfica proporcional en lugares con alta cantidad de población víctima y en zonas de alto riesgo de nuevas victimizaciones, fueron seleccionadas seis regiones para hacer visitas de seguimiento durante el primer semestre de 2014:

· Urabá antioqueño, municipios de Apartadó, Mutatá, Chigorodó, Carepa y Turbo;

· Magdalena, municipios de Aracataca, El Piñón, El Retén, Fundación y Pivijay;

· Región Montes de María, en Bolívar, los municipios de Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba y San Jacinto y en Magdalena, el municipio de Tenerife;

· Putumayo, municipios de Mocoa, Villagarzón, Puerto Asís, San Miguel y Sibundoy;

· Meta, municipios de Villavicencio, Mapiripán, Puerto Gaitán y Puerto López;

· Magdalena Medio, municipios de Barrancabermeja, San Pablo, Puerto Wilches, Cimitarra, San Alberto, Aguachica y Sabana de Torres, haciéndose seguimiento puntual a 31 municipios.

Estas visitas propiciaron el diálogo entre las víctimas y la institucionalidad, de manera que se establecieron compromisos concretos para impulsar la debida ejecución de las medidas de la ley. Así mismo, permitieron recolectar información útil para el análisis de la Comisión y para la construcción de un diagnóstico realista y actualizado. Las organizaciones de víctimas y los representantes que hacen parte de las mesas de participación, manifestaron en estos escenarios -en algunas regiones- que sienten temor al enfrentar a los alcaldes, e incluso desconfían de algunos personeros municipales.

En el informe se reconoce que el Gobierno Nacional ha realizado esfuerzos técnicos y presupuestales para fortalecer la capacidad institucional de los entes territoriales. Sin embargo, es evidente el bajo compromiso y la falta de voluntad política de algunas autoridades locales en relación con la implementación de la ley. Por ejemplo, la mayoría de los alcaldes visitados cumplió con el requisito legal de diseñar las herramientas de planeación en materia de víctimas (PAT), pero la ejecución de dichos planes es mínima. Además, persisten los problemas de coordinación Nación-territorio en la mayoría de los municipios y departamentos, especialmente frente a los requerimientos de las víctimas, ya que no siempre está garantizado el acceso a la información.

De otra parte, el informe señala que aún hay enormes desafíos para lograr una participación efectiva de las víctimas en los espacios generados para tal efecto por la ley. Se indica, por ejemplo, que las víctimas no son convocadas a todas las reuniones de los comités y subcomités y que los representantes solo pueden conocer parcialmente los planes y estrategias de atención, lo que les impide preparar propuestas oportunas que sean estudiadas por las entidades encargadas de construir la política pública. La Mesa Nacional de Víctimas manifestó su preocupación al Ministerio Público por su falta de autonomía y la dependencia del presupuesto que les es asignado por el Gobierno Nacional a través de la Unidad de Víctimas.

En cuanto a la situación de las víctimas colombianas residentes en el exterior, según las cifras oficiales, a 30 de julio de 2014 el total de declaraciones es de 806, de las cuales se han valorado 456 y 276 se han incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV). En el informe se destaca que aunque algunos consulados empezaron a tomar las declaraciones a través de la herramienta en línea creada por la Unidad de Víctimas, los cónsules han recibido declaraciones en escritos que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por el Decreto 4800 de 2011, lo que puede estar propiciando el desconocimiento de los derechos de quienes no resultan incluidos en el RUV. El informe destaca el esfuerzo realizado por la Unidad de Víctimas y la Cancillería para elaborar e implementar un protocolo en la materia desde octubre de 2013, sin embargo el proceso a febrero de 2014 ha sido lento y solo 24 declarantes han sido notificados en el exterior; este aspecto debe ser revisado teniendo en cuenta los términos legales para interponer los recursos frente a los actos administrativos de negación de la inclusión en el RUV.

En cuanto a la generación de ingresos y empleo, el informe advierte que la principal barrera es el grado incipiente de articulación tanto desde las disposiciones legales como de las herramientas de planeación. Se evidenció -por ejemplo- que existen regiones y comunidades beneficiarias de la ejecución de varios proyectos productivos simultáneos, mientras que en otros casos la población víctima no ha tenido acceso a ninguno de ellos. En cuanto a la generación de empleo formal, si bien se reconocen avances del Gobierno en el diseño de una herramienta de caracterización socio laboral para las víctimas y del perfil productivo de más de cien municipios del país, esta población aún no se encuentra preparada para acceder al mercado laboral, ni este presenta una oferta suficiente para la vinculación de las víctimas.

El informe contiene 113 recomendaciones dirigidas a las entidades del orden nacional y especialmente del territorial, a través de las cuales se insta a implementar de manera adecuada y oportuna todos los aspectos previstos por la ley para garantizarle a las víctimas del conflicto armado colombiano la atención, asistencia, reparación integral, prevención y protección, de manera sostenible.