534 integrantes de Fuerza Pública y 1.568 guerrilleros han sido beneficiados por la JEP
Este viernes se conoció un informe que fue revelado por la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el que da cuenta del estado actual del proceso de la ley de amnistías, indultos y tratamientos especiales, tanto para integrantes de la Fuerza Pública como para miembros de las Farc.
El documento reveló que a la fecha se han suscrito 1.502 actas para los militares y 2.817 para los guerrilleros de la Farc. También se conoció que la Secretaría Ejecutiva de la JEP ha visitado 26 y 70 centros de reclusión respectivamente, para adelantar la verificación de las solicitudes y el estado de las mismas.
El dato total es de 1.729 integrantes de la Fuerza Pública y 3.336 miembros de las Farc, que están en las listas oficiales para recibir los respectivos beneficios de la ley aprobada en el Congreso de la República.
El informe discrimina la información así:
- Fuerza Pública:
-269 libertades condicionadas.
-28 Traslados a Unidades Militares.
-207 Decreto 237
- Farc:
– 718 libertades condicionadas.
– 418 amnistías de IURE.
– 432 traslados a zonas veredales.
Este viernes también se conoció que el abogado defensor del general en retiro Torres Escalante, solicitó que el proceso penal que se adelanta contra el excomandante de la Brigada XVI del Ejército, por su presunta participación en dos ejecuciones extrajudiciales, pase a conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El abogado precisó en el documento de solicitud que: “De no haber sido así, el ordenamiento jurídico colombiano estaría incurriendo en un absoluto desafuero al predicar políticamente la necesidad de perdón, paz y reconciliación y jurídicamente cancelar beneficios jurídicos a miembros de las Farc-EP, al paso que caprichosamente los niega y agrava la situación de los miembros de las Fuerzas Militares que han resultados inmersas en procesos penales por múltiples situaciones que en cualquier caso guardián estrecha relación con el conflicto armado”.
La JEP cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.
Objetivos de la JEP
- Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia
- Ofrecer verdad a la sociedad colombiana
- Contribuir a la reparación de las víctimas
- Contribuir a luchar contra la impunidad
- Adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste.
- Contribuir al logro de una paz estable y duradera.
