Guatemala entró este domingo en una crisis política luego de que el presidente Jimmy Morales intentó expulsar al exmagistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de una misión de la ONU contra la impunidad, que junto con la fiscalía lideran desdeel 2015 una inédita lucha contra la corrupción.

La orden fue frenada temporalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país. «Esta corte otorga amparo provisional y deja en suspenso la decisión del presidente (…) por lo tanto decimos a la ministra de Relaciones Exteriores y el ministerio de Defensa y Gobernación que se abstengan de cumplir dicha orden», dijo el presidente del tribunal, José Francisco Mata.

Sin embargo, la decisión de Morales generó manifestaciones, una ola de repudio en varios sectores y provocó la renuncia de la cúpula del Ministerio de Salud.

«Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento del Estado de derecho y la institucionalidad declaro non grato al señor Iván Velásquez (…). Ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala», dijo Morales en un breve video difundido en las redes sociales del Gobierno.

Para fundamentar la expulsión del funcionario de la ONU, el gobernante citó artículos de la Constitución guatemalteca y de la Convención de Viena sobre la prohibición a los diplomáticos para no inmiscuirse en asuntos internos del Estado.

Según Morales, Iván Velásquez «se excedió» en sus facultades al frente del Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) al hacer presiones «ilegítimas, ilegales e inconstitucionales» al Congreso. También matizó su posición al señalar que la Cicig es «indispensable» para Guatemala.

Velásquez es titular de la Cicig, un ente adscrito a Naciones Unidas que reforzó su presencia en abril del 2015 al destapar junto con la Fiscalía un escándalo de corrupción en las aduanas, que obligó a renunciar al entonces presidente Otto Pérez, señalado como cabecilla de una red que cobraba sobornos para la evasión de impuestos.

En Colombia, Iván Velásquez tuvo una larga carrera pública que llegó a su momento más alto durante el proceso de la ‘parapolítica’. Fue la cabeza de la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar las relaciones entre políticos, principalmente congresistas, y grupos paramilitares.

Semana agitada

El viernes, Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana comenzaron el trámite para retirar la inmunidad al presidente Morales, sospechoso de transacciones ilegales en el partido FCN-Nación (derecha), que lo llevó al poder en el 2015.

Según las investigaciones, Morales, cuando fungió como secretario general de la agrupación, recibió aportes anónimos y no declaró a la autoridad electoral varios fondos de campaña.

Se estimaron anomalías financieras por casi un millón de dólares y se esperan pesquisas más profundas si la justicia y el Congreso levantan los fueros.

Con la orden de expulsión a Velásquez, el gobernante guatemalteco también destituyó al canciller Carlos Raúl Morales, quien el viernes negó que haya pedido la remoción de Velásquez durante una sorpresiva cita en Nueva York entre Morales y el Secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres.

Morales nombró a Sandra Jovel como nueva ministra de Relaciones Exteriores, quien en mayo del 2016 fue separada como vicecanciller al ser involucrada en la adopción ilegal de un niño.

El miércoles, medios locales y la fiscal Aldana alertaron que la cita en la ONU serviría para pedir la remoción del titular de la Cicig, levantando una ola de rechazo de diferentes sectores por el presunto plan de gobierno de expulsarlo, que ahora se concreta. «Iván se queda, ¡Jimmy se va!», era la consigna de unos 2.000 manifestantes que el sábado, frente al Palacio Nacional y Casa Presidencial, mostraron su respaldo a Velásquez y exigieron la renuncia del mandatario.

Aldana amenazó con renunciar al cargo si se concretaba la expulsión del jefe de la Cicig, pero tras la decisión del presidente la funcionaria judicial no se ha pronunciado.

Las reacciones

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), adscrita al Ministerio Público (MP), respaldó a Velásquez.

«Señor Iván Velásquez, nuestra admiración y agradecimiento por todo el apoyo, por refrendar nuestro sueño de una Guatemala mejor, porque la Justicia no se negocia», según un comunicado de la Feci en el que reconocen su «gran trabajo» contra la impunidad y «su indeclinable compromiso» con la justicia guatemalteca.

En la nota, la Feci también anuncia que apoyará «todas las directrices» que emita la fiscal general.

La ONU también defendió la «decisiva contribución» del jefe de la Cicig y pidió que las autoridades guatemaltecas lo traten con «respeto». En un comunicado de su portavoz, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo estar «impactado» por la expulsión del abogado.

Guterres «espera totalmente que Velásquez sea tratado por las autoridades guatemaltecas con el respeto debido a sus funciones como funcionario internacional», señaló el portavoz, Stephane Dujarric.

Por su parte, la líder indígena y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú pidió agotar todas las vías legales posibles para impedir que Velásquez tenga que abandonar el país.

«Hice un llamado a la comunidad internacional para apoyar la lucha contra la impunidad. Vamos a agotar todos los mecanismos legales para que no triunfe esta decisión que me parece brutal», dijo Menchú desde Ciudad de México, donde abordará un vuelo para regresar inmediatamente a Guatemala.

Las embajadas de los Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea, lamentaron la decisión del mandatario en un comunicado conjunto en el que asegura que la Cicig ha desempeñado «un papel vital en la lucha contra la impunidad y la corrupción que socavan la seguridad y la prosperidad en Guatemala».

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó «alarma» y «preocupación» ante la decisión de Morales.

«La CIDH expresa su consternación por la falta de fundamentación de esta decisión», dijo en un comunicado la Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Vientos de crisis

Morales, un excomediante de televisión, ganó la presidencia en el 2015 en medio de una crisis política desatada por los actos de corrupción durante la gestión de Pérez.

Derechista y de religión protestante, el mandatario de 48 años que asumió en enero del 2016 para un periodo de cuatro años, ha ido perdiendo popularidad al no responder a las demandas ciudadanas que buscan el impulso de políticas estrictas de transparencia.

Según el activista de derechos humanos Jorge Santos, la decisión de expulsar a Velásquez abre la puerta a una crisis en este país centroamericano.

«Estamos frente a la presencia de uno de los gobiernos que perdió su legitimidad de manera casi que inmediata, y a estas alturas estamos empezando a evidenciar nuevamente una jornada» de protestas sociales como las vividas en el 2015, dijo Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).

Ordenan a la Policía reconcentrarse

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala ordenó este domingo a todas sus divisiones de fuerzas especiales «reconcentrar» a todo su personal y, por ende, suspender los permisos de descanso o vacaciones.

El portavoz del instituto armado, Pablo Castillo, confirmó esta decisión. Explicó que se trata de «una medida de precaución para contar con el personal necesario a la hora de una eventualidad».

Esta orden se produce después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera, provisionalmente, la decisión del presidente, Jimmy Morales, de expulsar al colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En la circular, firmada por el jefe de sección personal de división de Fuerzas Especiales de la Policía, Baltazar García Reyes, se notifica que a partir de este domingo «quedan suspendidos los permisos y descansos de todo el personal» de las fuerzas especiales, aunque no se detalla a cuántos efectivos afectará la medida.