Defensoría apunta a la policía; vicepresidente pide suspender a uniformados

La Defensoría del Pueblo afirmó este domingo que de acuerdo con las primeras investigaciones adelantadas por una comisión especial en el terreno, todo infiere que la responsabilidad de la masacre de 6 cultivadores cocaleros en Tumaco sería de la Policía.

Tras conocer este pronunciamiento, el vicepresidente de la República, Oscar Naranjo, quien se encuentra despachando desde Tumaco, señaló la conveniencia de que la dirección de la Policía Nacional separe a los uniformados que participaron en la operación de control de la protesta de los campesinos, con el fin de dar garantías plenas para la investigación que adelanta la Fiscalía, que tiene la última palabra.

El reporte de la Defensoría fue entregado por el vicedefensor Jorge Enrique Calero Chacón, quien lidera la misión de la entidad de control humanitario que le hace seguimiento a la grave situación registrada el pasado jueves y que concluyó con la muerte de 6 personas y heridas a 21 más.

Calero Chacón dijo que se pudo constatar sobre el terreno la posible participación de los miembros de la Policía en los hechos y se descarta la participación del Ejército Nacional, pues advirtió que la comunidad por el contrario exaltó, el apoyo brindado por los soldados “en la prestación de los primeros auxilios y en la evacuación de los heridos”.

Dijo que de acuerdo con los testimonios de los labriegos no fue un grupo al margen de la ley el que disparo contra los manifestantes. Tampoco fueron lanzados cilindros bomba ni “tatucos”, como lo aseguraron en principio el Ejército y la Policía en un comunicado conjunto.

“Los campesinos niegan la injerencia de grupos armados ilegales en el ataque y el lanzamiento de armas no convencionales como tatucos o cilindros bombas, contrario a lo informado por las autoridades”, puntualizó.

Agregó que la comisión de la Defensoría “no observó a simple vista ninguna evidencia de los efectos que genera la onda expansiva resultado de la activación, tales como cráteres, afectaciones por esquirlas, entre otros”.

De hecho, tras la necropsia practicada a los cuerpos de las víctimas, el Instituto de Medicina Legal, señaló que la muerte fue producida por proyectiles de alta velocidad, que no fueron disparados a corta distancia. No mencionada nada con relación a los cilindros bomba o los tatucos.

El vicedefensor dijo que el organismo pidió a la Policía rendir un informe completo que relacione las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos ocurridos el pasado jueves.

Igualmente dijo que la Fiscalía debe adelantar una investigación eficaz que conduzca a esclarecer los hechos y judicializar a los responsables, para lo cual recomienda que la investigación sea asumida por un fiscal adscrito a la dirección especializada contra las violaciones de los Derechos Humanos.

Señaló, además, que a la Procuraduría, en virtud del poder disciplinario preferente, le corresponde adelantar a las investigaciones a que haya lugar para determinar si los hechos ocurridos el 5 de octubre de 2017 constituyen falta disciplinaria para alguno de los miembros de la Fuerza Pública”.

Mientras tanto, el Defensor del Pueblo Carlos Negret señaló que a partir de las valoraciones establecidas por la comisión desplegada en Tumaco, pedirá que se convoque una mesa interinstitucional para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso.

Así mismo indicó que la Defensoría mantedrá en la zona rural de Tumaco el acompañamiento a la comunidad y orientación legal a las víctimas.

Tras conocer el informe de la Defensoría, el vicepresidente Oscar Naranjo dijo que la Policía debería declarar la suspensión disciplinaria de los uniformados implicados en los hechos.

“Uno esperaría que la institución declare la suspensión disciplinaria de los policías para dar garantías plenas mientras la justicia llega a una conclusión. Las pruebas técnicas están siendo recabadas por la Fiscalía y lo que hemos dicho es que el Gobierno rodeará de garantías a los organismos investigadores para que los organismos de control puedan esclarecer los hechos”, precisó Naranjo.

En este sentido dijo que la justicia es la que tiene la última palabra para esclarecer los hechos y señalar responsables.

“El Gobierno quiere darle garantías plenas a la justicia y no está, como dijo el presidente Santos, amarrado a ninguna versión alrededor de este caso sobre la participación de la fuerza pública. La certeza que deben tener los colombianos es que esas dudas siempre estarán administradas para que sean esclarecidas por la justicia”, señaló el vicepresidente.

Finalmente indicó que “hay tres caminos” si se comprueba la responsabilidad de los uniformados en los incidentes.

“Un camino disciplinario, sobre el cual la propia Policía tomará decisiones; un camino penal, donde la justicia deberá esclarecer la responsabilidad individual y finalmente un camino de reconstrucción de confianza con las comunidades”.