Gobierno responde a críticas de la CPI sobre alcances de la JEP
Una fuerte respuesta fue la que dio la Cancillería a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, sobre los cuestionamientos que esta le hizo a los alcances de la Jurisdicción Especial de Paz, acto legislativo que precisamente está en pleno debate en la Corte Constitucional.
En un documento enviado tanto a la fiscal como a la Corte Constitucional, la Cancillería afirmó que el Gobierno puede, a discreción, establecer las penas que se vayan a imponer a responsables de graves infracciones a los Derechos Humanos. Sin que ello vaya a significar impunidad.
En ese punto explicó la canciller que no es obligación castigar con cárcel a los autores de delitos como genocidio, desaparición, reclutamiento forzado, entre otros, pues “ninguna norma de derecho internacional exige a un Estado castigar con cárcel o prisión un crimen grave” sin que ello no signifique que no se vaya a cumplir con la obligación de investigar.
“No hay una disposición que exija castigar un crimen de determinada manera. En su artículo 77 se confirma que la imposición de una pena privativa de la libertad es una potestad del juzgador, no una obligación, al emplear en forma consistente el verbo “podrá” (“may” en inglés)” señala el documento.
La Cancillería igualmente aclara que la Corte Penal Internacional no podría intervenir, pues en Colombia no existe ausencia de investigar conductas cometidas contra los derechos humanos, contrario a lo cuestionado por la CPI.
