Legitimidad

Por: Andrés Hoyos

En un  desayuno de trabajo que tuvimos hace poco sobre el tema de la guerra contra las drogas y cómo salir de ella, la carencia de legitimidad en Colombia se citó con frecuencia. En efecto, un colombiano que viaja a un país desarrollado se detiene en todos los semáforos, no se le ocurriría ofrecer dinero a un policía ni menos ofenderlo con frasecitas como “usted no sabe quién soy yo”, pero llega al país y cambia de chip. Este ciudadano sin duda intuye que el Estado colombiano sufre de baja legitimidad.

La legitimidad es un asunto de percepción y viene en grados. Su formación es multideterminada y depende de una suma de factores que se refuerzan (o debilitan) entre ellos. Sospecha uno, sin haberlos vivido, que en tiempos pasados la legitimidad en Colombia nunca fue potente y sólida. El Estado no prestaba sino unos servicios mediocres, permeados por todas partes por la omisión, y tampoco hacía valer su autoridad.

Es cierto que una Constitución y unas leyes bien armadas son útiles para consolidar la legitimidad, pero ambos factores están a años luz de ser suficientes para obtenerla. A eso se llega después de un largo proceso de construcción, no se parte de ahí. Muchas constituciones latinoamericanas, algunas bien escritas, no sobrevivieron a las fuerzas disolventes de la vida real. En ese sentido es dañino el santanderismo local, esa vieja tradición de normas hipócritas que están en el papel y no se cumplen, a lo mejor porque no hay cómo hacerlas cumplir o porque son incumplibles.

Si interpreto bien el reciente libro de Malcolm Deas, Las fuerzas del orden, una razón clave para la baja legitimidad del Estado colombiano ha sido la debilidad histórica de las Fuerzas Armadas y, agrego yo, el mal diseño de la Policía. Uno o varios episodios de autoridad fuerte, justamente ejercida (hasta donde se puede justo en estas materias), parecen puntos de partida necesarios para establecer la legitimidad. El asunto se ve más claro al revés: unas Fuerzas Armadas a las que la guerrilla les toma centenares de rehenes a los cuales mantiene presos durante años tienen poca credibilidad y, por ende, poca legitimidad. Hablo del ejercicio recio y al mismo tiempo controlado de la fuerza, en el que se minimizan los excesos. Una institución fuerte no tiene por qué excederse; los excesos son signos de debilidad. Esa credibilidad en la fuerza del Estado debe ir acompañada de una credibilidad en su eficacia, no ya militar, sino para beneficiar masivamente a la población. Claro, lo que algunos no entendían y tal vez todavía no entienden es que lo segundo es imposible sin lo primero.

La otra fuente básica de legitimidad son los impuestos, que deben ser justos, progresivos y difíciles de evadir. De nada vale tener tarifas altísimas que solo pagan unos pocos, si uno va a casi cualquier pueblo turístico en Colombia y ve que quienes cobran IVA son una ínfima minoría. Se sabe que, por ahí derecho, no pagan renta pese a ser prósperos. Los impuestos fueron la base del fortalecimiento de una democracia como la británica, cuyo Parlamento se creó en gran parte para arbitrar el cobro justo y universal de los mismos. A su vez, las 13 colonias norteamericanas se alzaron contra ese mismo imperio bajo el lema de No taxation without representation. En cambio aquí es un héroe quien los evade.

La pregunta del millón es qué se debe hacer para instituir una legitimidad más potente, tema que dejo para otro día.

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