“Es un hecho que la corrupción ha afectado las democracias de América Latina y de Colombia”: Ministro Gil Botero

Este lunes, en el marco de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales fue presentada la propuesta de Política Criminal Electoral en el marco de lo establecido en la Ley 1864 de 2017 por medio de la cual se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática. El Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero fue enfático al señalar que esta cartera trabaja para garantizar la transparencia e incentivar los valores democráticos.

Dicho documento que aún está en construcción fue trabajado en conjunto con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con este se busca comprender los fenómenos criminales relacionados con la participación democrática así como formular una política criminal electoral que incorpore mecanismos de prevención, investigación, juzgamiento y sanción (judicial, disciplinaria y social).

Para el Ministro Gil, lo importante de este trabajo es hacer visible el valor social del derecho al voto, a ser elegido y de las elecciones. “La corrupción infecta el sistema legal, ahonda la pobreza, la miseria y las diferencias sociales, impide el desarrollo de infraestructuras y la prestación de los servicios públicos de salud, educación, vivienda, saneamiento básico y promueve la violencia que alimenta el narcotráfico, la minería ilegal”, indicó el alto funcionario.

Del mismo modo, Gil Botero dijo que el Estado debe tener una respuesta a través de una política que combine distintas estrategias y tenga como finalidad identificar y sancionar a quienes acudan a vías ilegales, así como desmantelar las organizaciones que facilitan la compra y venta de votos, de este modo según lo informó mejorarán las prácticas ciudadanas y comunitarias al momento de votar.

Durante la presentación, los asistentes conocieron algunos de los factores que inciden en esta problemática: funcionarios cooptados por intereses particulares o grupales, la ausencia de transparencia activa y pasiva, la presión de actores violentos, estructuras criminales bien organizadas y financiadas, diferencias y prácticas culturales que no perciben la gravedad del delito electoral, la falta de estímulos para la intervención y acción ciudadana, prácticas, normas y procedimientos que no permiten que la justicia se aplique de forma pronta y eficaz

Con la presentación de esta propuesta adicionalmente se propone una lista de bases de datos y una serie de variables como punto de partida que a medida que los implementadores de la política pública avancen en su comprensión del fenómeno deberá ser revisada.

El jefe de la cartera de Justicia, aseguró que el objetivo de toda política criminal exitosa es disminuir, evitar y prevenir la comisión de conductas delictivas, por encima de la captura, judicialización y sanción de los actores criminales, aunque justamente la acción de la justicia tenga un efecto disuasivo importante en la prevención efectiva de prácticas ilegales.

Su intervención finalizó reafirmando que la articulación de los distintos actores es imperativa. “La corrupción dejará de ser el principal problema de nuestra sociedad  y la captura del Estado por quienes la practican no será una amenaza latente”. Concluyó