Gobierno anuncia que definirá emergencia carcelaria antes de 2019

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, anunció que el gobierno diseña un nuevo plan de contingencia, que sería implementado en el año 2019 y para combatir el hacinamiento penitenciario que se presenta en las cárceles de Colombia.

Borrero dijo que antes de terminar el año habrá claridad acerca de si se necesita o no de esta declaratoria.

Este martes, durante el debate de control político que sobre hacinamiento carcelario se cumplió en la Comisión I del Senado de la República, la Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero, señaló que su cartera trabaja con el fin de desarrollar una política criminal adecuada y coherente para el país. Igualmente, indicó que tanto las autoridades nacionales como las regionales deben ser responsables respecto a sus obligaciones con las personas que se encuentran condenadas o sindicadas.

“Es necesario construir una política criminal coherente, y para ello debemos superar obstáculos como el populismo punitivo, el cual ha llevado a tomar decisiones irracionales en materia penal y penitenciaria, rompiendo los códigos Penal y de Procedimiento, desconociendo los impactos fiscales y contrariando principios constitucionales como la proporcionalidad y última ratio”, dijo la alta funcionaria.

La titular de la cartera de Justicia manifestó que es importante concientizar a los jueces del país sobre la situación carcelaria para que se decida oportunamente sobre la libertad de los procesados y condenados cuando tienen derecho a ella.

Borrero Restrepo indicó que actualmente hay 186.938 personas privadas de la libertad, incluidas las que están en detención domiciliaria, con vigilancia electrónica y en centros de reclusión militar. De estas, 119.125 se encuentran en centros carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); el 68% -un poco más 79.000- están condenadas; y las sindicadas son poco más de 44.000, es decir, el 34%.

“Es importante señalar estos porcentajes, pues los condenados -el 68%- son responsabilidad de la Nación; mientras que los sindicados -el 34% restante- corresponden a los entes territoriales que pueden construir centros de reclusión para sindicados o celebrar convenios con el INPEC para cumplir con dicha responsabilidad”, aseguró la Ministra.

Para la alta funcionaria resulta de vital importancia hallar un mecanismo que de manera pronta y sin la rigidez de los largos procesos contractuales, permita la consecución y disposición de recursos para aumentar los cupos carcelarios. “Estamos buscando el mecanismo constitucional que lo permita porque esto es urgente y prioritario”, anotó.

Así mismo, afirmó que es necesario vincular al sector privado, al voluntariado y a los entes territoriales para que trabajen por la resocialización y el tratamiento de los pospenados. “Me gustaría dejarle al sistema penitenciario un poco de humanidad frente al tratamiento de los internos. Vamos a desarrollar una campaña de concientización de la ciudadanía acerca la política criminal y penitenciaria, enfocada en alternativas diferentes a la pena. Por ejemplo, en la justicia restaurativa”, señaló.

Borrero Restrepo finalizó su intervención afirmando que la gran meta es aumentar en más de 8.000 los cupos carcelarios con infraestructura fija, y construir cerca de 5.000 en ciudadelas móviles a partir de materiales livianos, que cumplan con los estándares exigidos de calidad y seguridad.

“Desarrollaremos un ejercicio serio de concientización que permita vincular al sector privado, las universidades y la ciudadanía en general para que todos aportemos en este gran pacto por la resocialización y la reinserción”, puntualizó.

Las cárceles móviles

En octubre pasado, el Gobierno propuso varias medidas para combatir la crisis carcelaria en Colombia, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, señaló la búsqueda de asociaciones público-privadas para crear unidades móviles.

La ministra indicó que: “Construcciones móviles para cupos y servicios y aliviar el hacinamiento carcelario mientras podemos construir más cupos. Por ahora para 2022 habrá 13 mil cupos y para el próximo cuatrienio tendremos listos los estudios de otros 12 mil cupos”.

Y anunció el traslado de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá: “el alcalde de Bogotá nos va a ayudar a construir la nueva cárcel de mujeres, vamos a hacer todo el complejo carcelario en La Picota”

Borrero también manifestó la posibilidad de un pabellón en un hospital público que atienda a los internos, porque: “le esta costando mucho al Inpec en vigilancia llevar a los internos a diferentes hospitales”.

La funcionaria consideró los planes de choque implementados en países como México, donde la industria hotelera apoyó la modernización de las cárceles a cambio de obtener mano de obra por parte de los internos.

Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero, expuso algunos de los avances de la cartera en materia de seguimiento a las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, las cuales declaran el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario.

La alta funcionaria reiteró ante los asistentes que el Gobierno nacional viene haciendo una minuciosa evaluación con el fin de establecer las medidas que permitan dar total cumplimiento a la orden de esta alta corte, buscando siempre el goce efectivo de los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad.

“Actualmente enfrentamos el reto del sistema carcelario. Nos duele la situación de las 192.938 privadas de la libertad. Pero la solución debe ser de todos, de la ciudadanía y el legislativo, no solo del Gobierno Nacional. Además, no podemos continuar con el populismo punitivo”, indicó.

Durante su intervención, Borrero Restrepo confirmó que el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios (USPEC) trabajan conjuntamente para generar una industria carcelaria.

“Hemos hablado de forma transparente sobre el estado actual del sistema penitenciario y carcelario, apoyados en datos que hemos obtenido y consolidado en 10 semanas de Gobierno”, dijo la jefe de la cartera de Justicia.

Y recordó que en la Costa Caribe se quiere replicar lo que se hizo en la Riviera Maya, donde la industria hotelera apoyó a las cárceles dándole trabajo a la población privada de la libertad, en temas como la fabricación de insumos.