domingo julio 21 de 2024

Fiscalía rechazó propuesta económica de Odebrecht

07 noviembre, 2018 Económicas, Judiciales

Vicefiscal María Paulina Riveros.

La multinacional Odebrecht pidió inmunidad total en los procesos que se le adelantarán en Colombia por el escándalo de sobornos, así lo expusieron en una propuesta de reparación económica al Estado.

La propuesta fue estudiada por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría; la respuesta, rechazando la oferta, sale de voz de la vicefiscal María Paulina Riveros.

El contralor Felipe Córdoba también rechazó el ofrecimiento mientras aseguró que no dejarán de lado las investigaciones.

El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, no sólo rechazó la propuesta de la multinacional, sino que la calificó como desproporcionada con el daño causado al Estado colombiano.

La propuesta estaba en los 106.000 millones de pesos y ahora tras rechazarla la multinacional plantea otra posibilidad.

La vicefiscal General, María Paulina Riveros indicó que los tres organismos de investigación y control de la Nación rechazaron de manera tajante la propuesta presentada por Odebrecht para indemnizar a Colombia por los perjuicios causados debido a la entrega de sobornos para beneficiarse con millonarios contratos viales en Colombia.

Riveros explicó que la propuesta de la multinacional brasileña estaba encaminada a desembolsar 106 mil millones de pesos para que cesaran todas las investigaciones que se adelantan contra los directivos de la compañía brasileña.

Ante esto, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía consideraron que no era procedente, anunciando que los procesos continuarán.

Frente a esto, el director regional de Odebrecht para Colombia y Ecuador, Felix Guedes Martins, manifestó que la multinacional presentará una nueva propuesta encaminada a solo buscar una eventual negociación con la Fiscalía General.

Sin embargo, Riveros dejó en claro que dicha propuesta  también tendrá que ser valorada por la Contraloría y la Procuraduría, las cuales fungen en el proceso penal como víctima y en su condición de ministerio público, respectivamente.

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