Los acuerdos de la Habana según Iván Duque

 Por Juan Manuel Ospina

En el cierre del año cuando la gente está más desconectada de su realidad y del semipeterno enredo nacional, el gobierno publicó un documento de política, Paz con legalidad, que podría ser muy importante en los meses y años venideros, pero que ha pasado desapercibido; mucho malicioso dirá que es eso lo que precisamente busca el gobierno. En el plantea su política en torno a un tema que ya salió de los titulares de prensa, sin que ello signifique que haya perdido su importancia para el país, el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana.

Todo parece indicar que ni estos son un intocable «esculpido en piedra» que se deben aplicar exactamente como quedaron redactados, como pretenden los puristas de siempre; ni tampoco que son un pedazo de papel sin valor alguno, que no comprometen ni al Estado ni a la sociedad colombiana y que deben ser «vueltos trizas» como aseverara en frase memorable, el Savonarola de ocasión, Fernando Londoño Hoyos. Pues bien, a unos y otros el Presidente Duque los dejó con los crespos hechos, pues, como lo ha reiterado, va a cumplir lo acordado por el Estado colombiano eso sí, ajustándolo a su visión y compromisos como gobernante.

La decisión presidencial puede interpretarse de muchas maneras, pero sería temerario afirmar que con Iván Duque la letra de los acuerdos sea letra muerta. De la posición oficial se desprenden dos grandes conclusiones; la primera es que una cosa es la JEP con sus competencias y autonomía, que opera en el ámbito del Poder Judicial, y otra la competencia y responsabilidad del gobierno como cabeza del Poder Ejecutivo, de desarrollar, es decir, de ejecutar las acciones y programas establecidos en dichos acuerdos, para lo cual debe definir la mejor manera de cumplir el compromiso.

El logro alcanzado por el presidente Santos con la histórica firma del acuerdo no estuvo complementado con la necesaria decisión, compromiso y organización para iniciar la complicada y costosa ejecución de los compromisos responsabilidad del mismo Estado cuyo secular desinterés, negligencia o simple incapacidad fue sin duda, la principal causa de la situación que se buscaba, que se busca transformar. Se gastó mucho tiempo y energía en una negociación que por momentos más parecía un debate jurídico que un acuerdo político, mientras que se olvidó o se subestimó la importancia y dificultad de lo que muchos denominamos «el día después» de la firma. Duque parece entender que en la carrera de relevos que ocurre normalmente en el ámbito del poder, le corresponde crear las condiciones técnicas, administrativas, financieras pero también políticas, especialmente en el orden local, para lograr una ejecución ordenada y eficiente en términos del logro de resultados y del empleo de los recursos disponibles, no solo presupuestales. Esa es la responsabilidad fundamental del gobierno Duque con un proceso que se continúa en el tiempo.

Por esa razón, más que crear nuevas instancias o regímenes de excepción, el plan de acción definido por el gobierno con su hoja de ruta, busca adelantar un trabajo en equipo regido por procedimientos, instancias de decisión, coordinación y control que funcionen; su cabeza responsable es Emilio Archila como Consejero para la Estabilización.

Indudablemente estamos ante otra lectura posible del acuerdo, surgida de unos objetivos de política pública que sin ser contradictorios si marcan otros énfasis respecto a los prevalecientes. De entrada ya se habla de estabilización y no de postconflicto pues para el nuevo gobierno, más allá de «acallar las armas» el propósito es crear un escenario donde se imponga la legalidad en cabeza del Estado como condición necesaria para dejar atrás decenios cuando reinaron formas diferentes y antisociales, cuando no francamente criminales, de paraestatalidad. Esa estructura desestabilizada de la sociedad y del Estado al confrontar la legalidad de las instituciones, de la acción ciudadana y del mismo poder, sería tanto efecto como causa de un conflicto con una dinámica de retroalimentación circular y que históricamente no ha sido solo con las guerrillas, como está implicado en los acuerdos habaneros.

El fortalecimiento de la legalidad como condición necesaria para que la justicia sea una realidad y no simple ilusión, y la democracia algo más que un discurso, requiere de una acción estatal que en sus tres niveles – nacional, departamental/regional y municipal/local – sea eficiente en la satisfacción de las necesidades de los individuos y de sus familias, especialmente de las víctimas del conflicto sin discriminación alguna y de una guerrillerada básicamente de jóvenes que con sus excepciones, quedó liberada a su suerte, incumpliéndose así uno de los propósitos y compromisos de lo acordado, a la par que se la dejó a merced de los grupos armados y criminales que no solo siguen vivos sino que han pelechado en estos meses de un postconflicto que no ha logrado empezar a transformar esas condiciones generadoras de violencia e inestabilidad.

El logro y consolidación de la estabilidad buscada, exige que se adelanten acciones coordinadas con dos propósitos principales. El primero, garantizarles a las personas más que a grupos determinados o a comunidades, ubicadas en el ámbito de los 170 municipios ya identificados, la seguridad de unos ingresos y de un empleo formal y digno, que no se limita al trabajo de la parcela campesina como se venía planteando. Pero no es solo el empleo que pueda ofrecer la inversión pública y privada, sino la que surja de las iniciativas de emprendimiento de esas personas, gracias a una política específica de promoción y apoyo con normas, capacitación y recursos. El acceso a la tierra es uno de los elementos de la política «cuando ello sea relevante para adelantar las acciones necesarias para garantizar la estabilización socioeconómica y el cumplimiento de los compromisos asumidos por estas personas en el proceso de reincorporación»; se trata de una tarea en la cual la actividad e iniciativa empresarial tendría un importante papel para jugar.

El segundo propósito sería cerrar la vieja brecha urbano – rural, con inversión pública y recursos de la cooperación internacional ceñidas a las prioridades establecidas en la mencionada hoja de ruta dotar a esas comunidades de los bienes y servicios públicos de los cuales han estado privadas secularmente, dándole un lugar destacado a la jurisdicción agraria, elemento generador de legitimidad y de estabilidad.

En su financiación jugaran un papel fundamental los dineros de las regalías que deberán tener un uso más ordenado y eficaz que el actual. El gran peligro de todo este plan, es que se caiga en el viejo vicio de confiar más en técnicos y consultores, disponiendo a su amaño desde el centro, que en las comunidades en el territorio, destinatarias final de la acción pública y que tienen mucho que decir al respecto. Ya la cancha está rayada; veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en este nuevo año.