Estados Unidos condenó este martes el asesinato del fiscal antimafia de Paraguay Marcelo Pecci en la isla colombiana de Barú, donde estaba de luna de miel, y reafirmó su «compromiso» con el combate del crimen organizado en la región.
Madres y familiares de jóvenes víctimas de las ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia como «falsos positivos» mantuvieron este martes un cara a cara público con exmilitares, a los que pidieron, además de reconocer su responsabilidad en los crímenes, que ayuden a limpiar el nombre de sus hijos.
El asesinato este martes en Colombia de Marcelo Pecci, un fiscal antimafia de Paraguay que estaba de luna de miel en la isla caribeña de Barú, parece apuntar hacia el crimen organizado y será investigado por varios países.
El fiscal especializado paraguayo contra el crimen organizado Marcelo Pecci fue asesinado este martes en una isla próxima a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias donde se encontraba de luna de miel, según confirmó a Efe la Embajada de Paraguay en Colombia.
Un policía y un soldado fueron asesinados luego de que presuntos miembros del Clan de Golfo atacaran con explosivos la caravana humanitaria que custodiaban en el departamento de Antioquia (noroeste), informaron este lunes fuentes castrenses.
Al menos 309 hechos de violencia y 178 municipios afectados en 11 departamentos dejan cuatro días de «paro armado» ordenado por el Clan de Golfo en represalia por la extradición a Estados Unidos de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel».
El empresario hispanocolombiano Carlos Mattos fue condenado a nueve años, cinco meses y 10 días de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático en un caso que le siguen porque sobornó funcionarios para acelerar un proceso judicial en su contra para verse beneficiado.
Al menos seis muertos y 180 vehículos atacados, la mayoría incinerados, ha dejado el «paro armado» del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia que tiene en zozobra a decenas de poblaciones de 11 departamentos del país, informaron las autoridades este domingo.
Cuatro plataformas que agrupan a más de 200 organizaciones sociales pidieron este domingo a las autoridades colombianas proteger a más de dos millones de estudiantes de seis departamentos que están en peligro por las acciones del «paro armado» del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
Al menos 100 vehículos, entre camiones, autobuses y motocicletas, han resultado «afectados» por el «paro armado» ordenado el jueves por el Clan del Golfo en represalia por la extradición a EE.UU. de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», acciones que también ha causado zozobra
