En medio de la situación de violencia y delincuencia que se registra en el país, persiste, en algunos funcionarios del gobierno, la idea de sacar la Policía del Ministerio de Defensa, situación que, de cierta manera, ha afectado la operatividad regular de esta institución en materia de seguridad.

El Encuentro Internacional de Conflicto y Crimen Organizado que la Fundación Ideas para Paz (FIP), la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC), el pasado 31 de enero y 1 de febrero de 2023, sirvió de escenario para escuchar al Presidente del Congreso Roy Barreras, al senador Ariel Ávila, al Fiscal General Francisco Barbosa

Queremos pensar que los recientes hechos de corrupción en el Ejército, denunciados por la revista ‘Semana’ y procesos judiciales que adelanta la Fiscalía General de la Nación, son la excepción y no la regla en la gestión administrativa y financiera de esta Institución.

La polémica directriz de resultados operacionales expedida por el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, que solo iba dirigida a esa institución militar y no a las demás fuerzas armadas, pone en evidencia la manera individual como cada institución de seguridad está asumiendo los retos que supone garantizar la seguridad de los ciudadanos y del territorio, dejando de lado el trabajo

Las Encuestas de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá del segundo semestre de 2011, 2015 y 2018 permiten evaluar los resultados en materia de seguridad de los gobiernos de Gustavo Petro y Enrique Peñalosa.

Después de expedido el decreto 2362 de 2018, que suspende los permisos de porte de armas de fuego, se generó una polémica respecto a los permisos especiales que puede entregar el Ministerio de Defensa a algunas personas que por razones de urgencia o seguridad los requieran, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada solicitud, como lo establece el parágrafo de este decreto.

Tratando de mirar los resultados en materia de violencia homicida en Colombia durante el año 2017, hasta ahora, en estos primeros días de enero, no se tiene una cifra consolidada que permita saber cuál fue el comportamiento definitivo de este delito.

Siempre se ha dicho que los extremos se juntan, pero quién iba a creer que el paramilitarismo colombiano de derecha se iba a parecer al paramilitarismo venezolano de izquierda, y que los dos sustentaran su existencia en la defensa de los regímenes políticos que “dicen defender”: uno, la “democracia y la libertad”; y el otro, el socialismo y la revolución.

Aunque parece una frase contradictoria, el desarrollo puede afectar de manera negativa la seguridad de los ciudadanos. Esto podría estar pasando en Barranquilla y Cartagena, donde su desarrollo, especialmente portuario, tiene que ver con el incremento de los problemas de violencia y delincuencia en esas ciudades.

En el tema de seguridad ciudadana, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, puso el dedo en la llaga sobre los retos inmediatos a nivel urbano, al señalar la presencia, accionar y control territorial del crimen organizado en su ciudad, situación que no es ajena a la mayoría de las principales urbes del país, donde crecen y se consolidan el microtráfico, que es narcotráfico; la extorsión, la explotación