La Procuraduría General de la Nación envió un aviso de alerta por el incumplimiento de las sentencias judiciales, en donde se ordena la delimitación de los páramos. Esta falta de delimitación ha dado espacio al aumento a la minería ilegal, la grave contaminación con mercurio a las fuentes hídricas (como el río Suratá en Santander) y pone en riesgo el derecho humano al agua potable.